La nueva Ley de Función Pública, que sustituirá a la norma de 1985, “penalizará” aquellos funcionarios con bajo rendimiento e incentivará la productividad para “atraer, desarrollar y retener el talento”
El Gobierno andaluz ha aprobado el Proyecto de Ley de Función Pública, que «dotará a la Comunidad Autónoma de Andalucía de una regulación de la Administración del siglo XXI». El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, apuntó que «va a ser una de las grandes leyes de esta legislatura» y que va a suponer “un cambio radical en la forma de concebir y ordenar la administración pública andaluza«, ya que sustituye a la norma actual, que data de 1985, y aúna en una única norma todas las materias relativas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía, según recoge Europa Press.
Entre los aspectos del anteproyecto de Ley, el más llamativo es la norma de evaluación que vincula la retribución a la productividad tras un examen del desempeño de su trabajo. Una ley que ha contado con informes preceptivos favorables y con el consenso de los principales sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) y, por tanto, para Nieto “no es una Ley del PP o de Juanma Moreno”, sino que es “la ley del consenso, del acuerdo» y “confía” en que los diferentes grupos parlamentarios den su apoyo para la tramitación de urgencia, aunque no es un obstáculo, ya que Partido Popular tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.
La Ley tiene el objetivo de «atraer, desarrollar y retener el talento» y para ello se va a sustentar en “reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo”, según señaló Nieto.
En términos de empleo, la nueva normativa afecta a casi 440.000 funcionarios, según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política Territorial.
Privatización y enchufismo, según el SAF
En un comunicado, el Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia que la nueva Ley de Función Pública fomenta “la privatización y el enchufismo” y advierte que La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública rechazó la alegación del gabinete jurídico de la Junta, que resaltó negativamente que, en el texto, «no se exige nada respecto a titulaciones al personal directivo público profesional alto cargo«.
Las novedades de Ley de Función Pública
La Evaluación de funcionario tiene el objetivo de «incentivar y reconocer el trabajo productivo teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación» ha explicado el consejero, José Antonio Nieto. Para ello se va a establecer un sistema permanente de evaluación cuyo resultado, teniendo en cuenta a los nuevos conceptos, conllevará, o bien un complemento salarial, o bien una penalización salarial por mala praxis.
Se incorpora la histórica demanda de la carrera profesional, que facilitará la promoción sin cambiar de plaza como nuevo concepto retributivo, y así “de «atraer, desarrollar y retener el talento humano», según ha defendido el consejero. Asimismo, la formación, aprendizaje y acreditación de competencias se incluye como derecho y deber.
La Administración autonómica también se compromete a agilizar el proceso para cubrir puestos de trabajo con medidas como una nueva modalidad de concurso abierto y permanente y la reducción de los plazos de convocatoria y resolución. Asimismo, las pruebas que tengan que superar los aspirantes a un puesto se afinarán para adecuarlas mejor a la plaza convocada.
La profesionalización de los puestos directivos es uno de los objetivos del Gobierno de Moreno, así con el nuevo texto se fija un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y “atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia». Para la selección se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto.
Por último, se regula la posibilidad del teletrabajo, cuando el puesto lo permita y la desconexión digital.
