Andalucía es la única en rechazar la inversión al no estar de acuerdo con el criterio de crear esas plazas públicas. Le corresponden 123 millones, lo que supondría un total de 12.069 nuevas plazas públicas.
El Gobierno de coalición aprobó en Consejo de Ministros la inversión de más de 660 millones de euros correspondiente al fondo asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) impulsado por Europa, para el despliegue de la educación pública y gratuita a los menores de 0 a 3 años durante los próximos 3 años permitiendo crear más de 65.000 plazas.
Medida que tiene varios aspectos, según Pilar Alegría (Ministra de Educación y Formación Profesional), desde el punto de vista educativo, «garantizan realmente esa equidad en nuestro sistema educativo, esa igualdad de oportunidades y por supuesto, también esa mejora de la calidad de nuestro sistema educativo”. Poniendo en valor la importancia de la escolarización temprana, “fundamental para que luego nuestros jóvenes puedan tener un desarrollo exitoso a lo largo de su etapa educativa”.
A nivel social es “una nueva oportunidad destinada a las familias que podrán escolarizar a sus hijos”. Según los datos que facilitó la ministra, en estos momentos, la escolarización de 0 a 3 años es del 38,2% a nivel nacional. Ese porcentaje varía dependiendo del nivel de renta de la familia, ya que, frente al 63,5% de las familias con renta altas, que tienen escolarizados a sus niños, el de familias con menor renta este porcentaje disminuye a un 26,3%. “Una medida que afrontaría directamente a esa situación y aliviara a muchas familias con la conciliación laboral, personal y familiar, especialmente a las mujeres”.
Y último, en lo laboral, se crea no solo un número importante de plazas, “sino también crear puestos de trabajo, fundamentalmente mirando de nuevo a las mujeres”.
Días después del Consejo de Ministros se celebró un acto del PSOE en La Rinconada (Sevilla), la ministra Pilar Alegría junto con Juan Espada (secretario general de los socialistas andaluces) y Javier Fernández, alcalde del municipio y secretario general del PSOE de Sevilla. Aseguró que la Consejería de Educación y Deporte “rechazó” por carta los 123 millones de euros que le corresponden.
Me apena que el gobierno de Andalucía haya rechazado y renunciado a los 123 millones de euros, y poder crear más de 12.000 nuevas plazas públicas y gratuitas dentro de esa inversión tan importante que va hacer el gobierno de España en todo el territorio. Es una oportunidad perdida, oportunidad para generar plazas públicas, gratuitas y de calidad. Lamento profundamente que hayan rechazado esa oportunidad, y den la espalda a tantísimas familias andaluzas, sobre todo, en familias con rentas muy bajas.
Preguntada por los motivos, Pilar Alegría contestó que la Junta no comparte “los criterios para crear esas plazas públicas”. Señalado que “no comprende que se rechacen 123 millones de euros, y así favorecer la conciliación familiar, y laboral”.
Juan Espada se sumó a las declaraciones de la ministra criticando la renuncia para la educación pública “sin ninguna explicación y ocultando a la oposición en el Parlamento que esa decisión se ha tomado, sin ni siquiera hacerse públicas las razones”. Señalando que “ésa es la apuesta por la educación de un gobierno de la derecha”.
María del Carmen Castillo Mena, viceconsejera de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha comunicado que no han rechazado la partida, sino que, se pedía que se “adaptase a la realidad andaluza”. Puesto que Andalucía tiene su propio modelo, y entienden que la convivencia de ambos modelos no es posible «porque desestabilizaría todo el sistema andaluz, ya que, entraría en competición directa con las escuelas concertadas por la Junta”. Lo que «pondría en peligro más de 15.000 puestos de trabajo, casi todo empleo femenino, y la viabilidad de más de 2.000 pequeñas y medianas empresas”.
En el comunicado señalan que Andalucía tiene un 30% de plazas vacantes en las escuelas infantiles y, por lo tanto, “no necesitamos más plazas, al menos no de forma generalizada”, aunque su objetivo es “escolarizarlos a todos”.
La propuesta que lanza el Gobierno de Andalucía es que se destinen los fondos a «la gratuidad para las familias y no a la creación de más plazas». Además, insisten en que esos fondos «no son suficiente garantía para dar estabilidad segura a este servicio educativo«, dado que es una financiación con fecha de caducidad.
