Andalucía ostenta el triste y vergonzoso primer puesto en siniestralidad con 130 trabajadores y trabajadoras fallecidos en lo que va de año. Denuncia CCOO
130 personas trabajadoras han perdido la vida en lo que va de año. 123 hasta octubre, según datos oficiales. “Son las cifras de la vergüenza”. Así las han calificado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, Pepe Casas, quienes han explicado que la comunidad andaluza “ostenta el triste y vergonzoso primer puesto en siniestralidad laboral y sitúan como primera responsable de esa situación a la reforma laboral. La reforma de 2012 es un elemento tóxico que favorece las cadenas de subcontratación, la precariedad laboral y al empresariado le permite sortear la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.
Precisamente, tanto López como Casas han coincidido al señalar que “la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) marcó un hito en la materia”, pero aclaran que “la falta de vigilancia para su cumplimiento por parte de los Gobiernos, y de responsabilidad para ejecutarla por parte del empresariado, han dado como resultado que no se haya producido una evolución favorable para acabar con esta lacra social”.
130 muertos en accidentes laborales, son las cifras de la vergüenza. Andalucía es la comunidad que tiene la mayor siniestralidad de España. La reforma laboral de Rajoy es la principal culpable.
Los sindicalistas han criticado la falta de inversión en recursos humanos y materiales: “las empresas no invierten en prevención porque lo ven como un gasto y siguen sin entender que tienen la obligación de invertir y prevenir”, argumentan. Ante esa situación, CCOO ha hecho un llamamiento a la “rebelión preventiva en los centros de trabajo, porque las personas trabajadoras van a trabajar, no a un campo de batalla y no pueden perder la salud en el camino por falta de vigilancia y responsabilidad”.
Por otro lado, Casas ha explicado que “en las empresas en las que hay representación sindical la situación es más favorable porque en las que no hay el empresariado campa a sus anchas”.
También han criticado el papel de los servicios de prevención ajenos: “se han convertido en un negocio que buscan la prevención formal pero no real”.
En cuanto a la actitud del Gobierno andaluz en materia de siniestralidad laboral, López Marín ha mostrado su preocupación por que “el Presidente andaluz habla de cómo apoyar a las empresas, y de simplificar trámites para las empresas, pero no dice nada de que las empresas tienen que cumplir con la LPRL porque lo más valioso que tiene un trabajador o trabajadora es su vida”.
El Presidente andaluz habla de cómo apoyar a las empresas, y de simplificar trámites para las empresas, pero no dice nada de que las empresas tienen que proteger a sus trabajadores, porque lo más valioso que tiene un trabajador o trabajadora es su vida.
En ese sentido, la dirigente ha denunciado que “el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales no consume ni el 20% de su presupuesto.» El Gobierno habla de superávit jugando con la vida de las personas y tiene que mojarse por la salud de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”, critica.
Además, el sindicato ha reclamado un Observatorio “para que los datos de siniestralidad sean reales y ajustados a la realidad”. “Queremos más inspecciones, más control y más sanciones porque creemos que la ejecución de estas no llega al 30%, por lo que el empresariado tiene la percepción real de que su irresponsabilidad queda impune”.
También han sido críticos los dirigentes con el Plan de Choque en materia de siniestralidad presentado por el Ministerio de Trabajo. “Está bien que se ponga el problema sobre la mesa pero es un documento neutro en el que parece que es el trabajador o trabajadora el responsable de velar por su vida y no vemos referencia alguna en el texto de que es el empresario quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y salud de su plantilla”.
En lo que respecta a las enfermedades profesionales, los dirigentes comentan el infra registro de enfermedades relacionadas con el trabajo. “En Andalucía se comunican muy pocas enfermedades profesionales, y la mayor parte de las veces las mutuas las derivan a la sanidad pública”, explica Casas.
Respecto al amianto, el dirigente ha denunciado que “el Gobierno andaluz aún no ha realizado un inventario de los edificios en los que hay amianto cuando puede encontrarse en colegios u hospitales, a pesar de que CCOO lo ha solicitado en reiteradas ocasiones”.
