Así lo ha denunciado Antonio García, candidato a la alcaldía, que ha pedido al equipo de Gobierno local que dé marcha atrás en la extinción del convenio con Diputación para mantener esta oficina. También alerta que, debido a esta decisión, la oficina comarcal de Hacienda también podría irse de Loja
Mari López y Antonio García durante la rueda de prensa. Foto de La Plaza Digital
Los socialistas Antonio García y Mari López han denunciado que el equipo de Gobierno local, liderado por Joaquín Camacho, ha decidido extinguir, de forma unilateral, el convenio que existe con Diputación para mantener la oficina de recaudación comarcal, situada en el edificio de los Juzgados y que cobra los impuestos municipales tales como el IBI o el Impuesto de Circulación.
Joaquín Camacho ha decidido hacer un estudio de viabilidad para que el Ayuntamiento sea quien gestione esta oficina, perdiendo el carácter comarcal de la misma. Los socialistas también denuncian una gran opacidad en este proceso, “habiendo convocado un pleno sin medios de comunicación, con 24 horas de antelación y sin dar explicaciones públicas sobre esta decisión”
Pérdida de un servicio comarcal
Mari López ha afirmado que “perderíamos otro servicio comarcal más en nuestra ciudad” a lo que Antonio García ha añadido que “volvemos a hundirnos, a ser otro pueblo más que no quiere que el resto de pueblos de la comarca vengan a nosotros”.
Edificio de los Juzgados, donde se encuentra la oficina de recaudación y de Hacienda
Una decisión “mala para el comercio y la ciudadanía lojeña”
Antonio García ha afirmado que siempre estará al lado de Joaquín Camacho cuando se tomen decisiones positivas para los ciudadanos lojeños “pero esta no lo es, es una decisión improvisada, que perjudica los intereses de los ciudadanos y también daña nuestro comercio y hostelería, ya que, si esta oficina desaparece, las personas que venían de los pueblos de la comarca a hacer gestiones y consumían en Loja no lo harán”
“El casco histórico lojeño vuelve a perder”
Así se ha expresado Mari López, ya que esta oficina es uno de los pocos servicios que aún mantiene el casco histórico. Su pérdida, junto al alto riesgo de que la oficina de hacienda también desaparezca, hace que sea una muy mala decisión para el casco histórico de Loja que, según Mari López “vuelve a perder”.
La oficina comarcal de Hacienda también corre riesgo
La oficina de Hacienda y la de Recaudación están en el mismo espacio en el edificio de los Juzgados, compartiendo los gastos de alquiler entre Diputación y Hacienda. Si la oficina de recaudación cambia de lugar, es probable que Hacienda no pueda afrontar el pago del todas las instalaciones y también se vaya de Loja, algo de lo que ha alertado Antonio García en la rueda de prensa. Por lo tanto, se corre el riesgo de perder estos dos servicios comarcales.
Pérdida de capacidad recaudatoria del Ayuntamiento de Loja
García también ha explicado que si el Ayuntamiento de Loja asume este servicio es probable que se pierda capacidad recaudatoria y, por tanto, sea una merma en las arcas municipales, ya que para el pago voluntario de los impuestos no habría problema, pero cuando estos recibos tengan que ser ejecutados, es decir, que se haga necesario un proceso judicial para su cobro, el Ayuntamiento tenga poca eficacia en la recuperación de ese dinero, tal y como ha pasado en el Ayuntamiento de Granada que tiene 240.000 multas sin cobrar por un importe de 20 millones de euros.
“Incluso el Ayuntamiento de Granada va a comenzar a utilizar el servicio de Diputación por ser mucho más eficiente. Pero aquí en Loja vamos al revés que en el 90% de todos los pueblos de la provincia, de todos los colores políticos, donde el servicio de recaudación lo presta Diputación”.
“Esperamos que esto no sea una guerra contra Diputación por estar gobernada por el PSOE”
“Con los datos que manejamos nosotros no tiene sentido que el Ayuntamiento sea el que presta este servicio, el equipo de Gobierno alega motivos económicos, pero es que tampoco va a ser beneficiosa desde ese punto de vista, por lo que esperamos que esto no sea una guerra contra Diputación, simplemente por estar gobernada por el PSOE y se esté tomando esta decisión por intereses partidistas y no por el beneficio de la ciudadanía lojeña”
