Un cambio legislativo que restituye derechos que el legislador había privado a este colectivo, en el caso de la provincia de Granada a más de 5.000 trabajadoras
El Consejo de Ministro aprobó este martes, el real decreto ley por el que se reconoce el derecho al subsidio por desempleo y equiparar las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar. Con este cambio legislativo el Ejecutivo de Sánchez trata así de poner fin a “una injusticia absolutamente inaceptable, siendo coherentes con el reconocimiento de derechos laborales, la dignidad laboral y asumiendo como propio el mandato de la Organización Internacional del Trabajo”, según afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración del curso político.
Tras finalizar la rueda de prensa, la vicepresidente y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, ha asegurado que la medida «permite que hoy tengamos un país mejor» y explicaba que «de todas las normas que hemos desplegado, algunas mucho más enormes, creo que esta es la más importante” porque “han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables» y “protege un derecho fundamental, corrige una discriminación”.
Un real decreto que garantiza así un derecho reclamado durante décadas por más de 370.000 trabajadoras y reconocido por instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo. Tanto Yolanda Díaz como la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reconocen la singularidad del colectivo, ya que se trata de un sector que trabajan mayoritariamente mujeres, que además una de cada tres son mayores de 55 años de edad y más del 40 % son extranjeras.
Prestaciones por desempleo, fin del despido sin causa y “más derechos”
La principal novedad de la legislación es el derecho a la prestación contributiva de desempleo. Asimismo, se elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa justificada y, por tanto, a partir de ahora se deberá acreditar los motivos que puedan motivar el despido. También, se incorpora el derecho a la prevención de riesgos laborales, así como el de formación y acreditación.
Otra ampliación de derechos es la indemnización de las trabajadoras en caso de insolvencia del empleador a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre.
Por parte del Gobierno, ha habido un compromiso de crear una comisión de estudios cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.
Justicia social
La vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano, valoró ayer que las 5.100 empleadas del hogar que hay en la provincia tendrán derecho a paro, lo que representa «un paso más hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres«.
La vicesecretaria, acentuó el “paso gigante” que se da “en la protección de un sector muy precarizado y que está formado mayoritariamente por mujeres, generalmente con más de 50 años de edad, próximas a una jubilación que en su inmensa mayoría conllevará una pensión mínima».
Manzano, quien ha subrayado el respaldo del Gobierno de España a este colectivo con el impulso a otras iniciativas como la aprobación del subsidio extraordinario en el «peor» momento de la pandemia y que «PP y Vox rechazaron”, ha destacado el «empeño de las políticas socialistas por mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras«.
«Será nuevamente un Gobierno socialista el que avance en los derechos de estas trabajadoras mientras que la derecha no podrá decir lo mismo, ya que Rajoy pudo incorporarlo en 2012 y no lo hizo cuando reformó la Ley de la Seguridad Social«, ha señalado.
Por su parte, la diputada e integrante de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja Elvira Ramón ha remarcado que esta iniciativa hace una vez más «justicia social a diferencia del recorte de derechos que la derecha aplica cuando gobierna» y ha detallado que, en el conjunto de Andalucía, a fecha de enero de este año, había 39.794 mujeres afiliadas al sistema especial de empleadas de hogar por 1.798 hombres trabajadores en el ámbito doméstico.
«Visto el desequilibrio existente en este ámbito, la precariedad de este colectivo incide directamente en la feminización de la pobreza, puesto que una de cada tres trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza porque su sueldo medio es menos de la mitad del sueldo medio del conjunto de las personas asalariadas», ha concluido
