Este demoledor informe ha sido presentado por Cáritas Andalucía, y se ha basado en un estudio realizado a más de 600 familias. El empeoramiento de las condiciones laborales el ejemplo más visible de esta crisis
- Jóvenes, inmigrantes, mujeres y trabajadores precarios los más afectados por la crisis económica
Cáritas Regional de Andalucía ha presentado el informe sobre “Exclusión y desarrollo social en Andalucía”. El documento, retrata las graves consecuencias de la crisis en nuestra comunidad autónoma. El acto fue presentado por Francisco José Sánchez Heras, vicepresidente de Cáritas Regional y director de Cáritas Diocesana de Málaga.
La investigación, explicó Sánchez, atiende a tres ejes: el económico, que tiene que ver con los ingresos y el consumo; el político, relacionado con los derechos a la salud, la vivienda, la educación y la participación política; y el relacional, que analiza el conflicto y aislamiento social. Unos ejes que contemplan, a su vez, 37 indicadores que nos permiten situar a la población en cuatro escenarios posibles: la integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa. Estas variables permiten mostrar -según indicó Sánchez- “una completa radiografía social de Andalucía que tiene en cuenta todos los espacios en lo que una persona puede estar excluida, más allá de los recursos económicos”.
Más de dos millones de personas en exclusión
Durante su intervención, Thomas Ubrich, destacó el “shock sin precedentes” que la crisis ha supuesto para la cohesión social y sobre todo para las personas y familias más frágiles y desfavorecidas.
“El tsunami que ha supuesto esta crisis –señaló Ubrich- se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”.
Desde entonces, la exclusión en Andalucía ha aumentado más de un 36%, lo que implica que, en 2021, algo más de 2,2 millones de personas (el 26,3% de la población andaluza) se encuentran en situación de exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones de personas, se encuentra en una situación de exclusión severa; y de estas, casi 475 mil personas están en una situación aún más crítica, es la denominada sociedad expulsada.
El informe revela, además, que la desigualdad y los niveles de pobreza monetaria son altos y persistentes para muchas familias en Andalucía, algo que determina no solo la exclusión, sino que además es fruto de la cronificación de la misma.
Brecha digital
Una de las huellas más significativas de la pandemia ha sido la brecha digital, que afecta a 3 de cada 10 hogares. La falta de conocimiento y medios tecnológicos ha generado un apagón digital que afecta a casi la mitad de los hogares que están en situación de exclusión. “Esta situación conlleva -según Ubrich- una pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades”.
Así, la desventaja acumulada por razón de género permanece. La exclusión afecta al 37% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, frente al 22% donde esa figura es un hombre.
Nueva grieta
Por otro lado, ser extranjero en Andalucía sigue suponiendo una causa que afecta significativamente a la situación de exclusión. El 72% de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, lo que supone un porcentaje tres veces mayor que entre los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española.
Más pobres entre los jóvenes
La edad configura la tercera brecha asentada en nuestra sociedad. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. “Tenemos una juventud sin empleo o en empleos temporales y precarios y, por tanto, sin posibilidades de emancipación ni de sustentar una vida independiente o a una familia”, comentó Ubrich.
Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos, con una prevalencia de exclusión social mayor frente a las familias sin hijos.
Peores condiciones de trabajo
El estudio revela que la consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo, alcanzando a un mercado de trabajo con importantes tensiones que han derivado en la destrucción de empleo y la paralización de dinámicas laborales.
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a casi 320.000 hogares (9,8%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.
Además, se han agravado las causas que dificultan el acceso al derecho al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Jóvenes, adultos entre 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social son las más perjudicadas por este sistema laboral, que solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos.
Vivienda
En relación a la vivienda, el informe revela que la combinación entre precios altos e ingresos bajos o inestables hacen que algo más de 400 mil familias (12,4%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Cáritas reclama a los gobiernos mayor cobertura de los servicios sociales y su adaptación a la realidad del siglo XXI
Según Pérez de Ayala, “esta nueva crisis arroja a una parte de la población a situaciones de exclusión; de las que desgraciadamente no se recuperarán jamás, pues los periodos de bonanza económica no consiguen recuperar a una parte de los que caen en esta situación cuando la economía se contrae”.
Frente a esta situación, el presidente de Cáritas Andalucía ha reclamado una mayor cobertura de los servicios sociales y su adaptación a la realidad social del siglo XXI.
“Estas familias, las que engrosan las cifras de la exclusión -concluyó- no pueden quedarse solas, no pueden seguir siendo héroes por más tiempo. Necesitan de políticas públicas a la altura de los retos que tenemos por delante y de la solidaridad de toda nuestra sociedad”.