La Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido promovida desde la comunidad educativa andaluza, obligará a debatir una reforma de la Ley de Educación de Andalucía, cuya decisión final recae en la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla
Este martes, la Junta Electoral de Andalucía comunicó a la Comisión Permanente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que había superado el trámite de 40.000 firmas validadas. Así, el Parlamento andaluz debatirá la ILP sobre la Bajada de Ratios escolares.
La iniciativa popular se registró hace un año y se encontró con la negativa de la Mesa del Parlamento de ampliar el plazo, algo sin precedentes, ya que es normal que se extienda la fecha para este tipo de iniciativas. Este obstáculo provocó el efecto de movilización y apoyo a la iniciativa, desde firmas a pie de playa hasta en la puerta de cada uno de los colegios. Cualquier tipo de acciones para lograr el objetivo de alcanzar las más de 40.000 firmas.
Tras presentar las firmas para la ILP, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral ha revisado, validado y certificado las 58.846 firmas presentadas, firmas más que suficientes para superar uno de los requisitos legislativos que se exigen. Tras la confirmación, la ILP sube al Parlamento andaluz, y en ese momento se abre un periodo de seis meses en que cada grupo parlamentario deberá fijar sus posiciones respecto al tema a tratar, debatir en el Parlamento andaluz y su respectiva votación.
Ahora es cuando empieza a correr el reloj, se abre un plazo de 6 meses para que la Mesa del Parlamento eleve la ILP e inicie el trámite de debate para la posible modificación de la Ley de Educación de Andalucía e incluir las demandas promovidas por la comunidad educativa andaluza, que son las siguientes:
- Reducir en 5 alumnos las ratios de alumnos en todos los niveles educativos. Actualmente la ley contempla un número máximo de alumnos por clase en el segundo ciclo de Educación infantil y Primaria, de 20; en Educación Secundaria Obligatoria, 25 y en Bachillerato, 30. Además, en las unidades específicas de Educación Especial el máximo oscilara entre 3 y 5 según las discapacidades específicas de cada alumno. Asimismo, la ley permite flexibilizar la ratio y aumentar hasta 3 alumnos más.
- En la atención y apoyo educativo cualificado para alumnos con necesidades especiales, además de contar con un orientador, maestro en pedagogía Terapéutica y de Audición y Lengua por cada 250 alumnos.
Ese plazo se puede acortar siempre y cuando alguno de los grupos de la cámara haga suya la propuesta popular y la introduzca en el orden del día de los próximos plenos, de esta manera se reduciría el plazo de los 6 meses. Si no, es la Mesa del Parlamento, controlada por el Partido Popular, quien de oficio decidirá la fecha antes de los seis meses descritos por ley.
La propuesta popular obligará a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Moreno debatir una reforma de la Ley de Educación de Andalucía, y después a posicionarse a favor o en contra. Aunque al final todo queda en manos de la mayoría absoluta del PP andaluz, con la actual configuración de la Cámara Legislativa el Partido Popular deberá decidir si frena las demandas de la comunidad o bien modificar La ley de Educación. En caso de ser aprobada, la ILP obligará al Gobierno andaluz a modificar el gasto de personal y volver a planificar aquellas aulas que excedan el límite legal establecido.
